Por Kazán
La Monarquía constituye en si misma la negación de la igualdad de los ciudadanos, y la incautación de una parte de la soberanía popular que debe legitimar al poder político en una democracia. Muchos monárquicos modernos critican a los monárquicos que sostienen que la Monarquía proviene de un poder divino. Pero lo cierto es que, aunque esto no sea así, si la Monarquía no posee un carisma especial, es difícil saber qué puede legitimarla. La desigualdad podría ser justificada por motivos estéticos. La estética es de suma importancia. El problema es que los monárquicos son hoy personas que quieren ser siervos a toda costa.
En 1978, la monarquía, heredera del régimen franquista, obtuvo refugio constitucional a cambio, entre otras cosas, de permitir la existencia oficial del cáncer separatista que empieza a propagarse: “el estado de las autonomías”. En palabras de Franco: "Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido."
Hoy, las “nacionalidades”, amparadas por el PSOE, reclaman su reconocimiento como “comunidades nacionales” con rango de “Estados”. Y no tardarán en hacer a la Corona una propuesta que creen, no podrá rechazar: su supervivencia en un contexto de “monarquía plurinacional”. Mientras tanto, el Partido Popular no sabe lo que hacer porque tampoco tiene un proyecto nacional, e intenta mantener una postura de si pero no, que no ayuda en nada al mantenimiento de la unidad nacional.
Pensamos que la constitución de una nueva república española es una exigencia vital para el destino de nuestra patria, en contra de la defensa del actual marco constitucional por parte del PP, y en clara oposición al proyecto separatista auspiciado desde el PSOE, de una confederación de clanes tribales creados a partir de una historia ficticia, que comenzó a suplantar a la verdadera con el traspaso de las competencias en educación a las comunidades autónomas.
La Monarquía constituye en si misma la negación de la igualdad de los ciudadanos, y la incautación de una parte de la soberanía popular que debe legitimar al poder político en una democracia. Muchos monárquicos modernos critican a los monárquicos que sostienen que la Monarquía proviene de un poder divino. Pero lo cierto es que, aunque esto no sea así, si la Monarquía no posee un carisma especial, es difícil saber qué puede legitimarla. La desigualdad podría ser justificada por motivos estéticos. La estética es de suma importancia. El problema es que los monárquicos son hoy personas que quieren ser siervos a toda costa.
En 1978, la monarquía, heredera del régimen franquista, obtuvo refugio constitucional a cambio, entre otras cosas, de permitir la existencia oficial del cáncer separatista que empieza a propagarse: “el estado de las autonomías”. En palabras de Franco: "Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido."
Hoy, las “nacionalidades”, amparadas por el PSOE, reclaman su reconocimiento como “comunidades nacionales” con rango de “Estados”. Y no tardarán en hacer a la Corona una propuesta que creen, no podrá rechazar: su supervivencia en un contexto de “monarquía plurinacional”. Mientras tanto, el Partido Popular no sabe lo que hacer porque tampoco tiene un proyecto nacional, e intenta mantener una postura de si pero no, que no ayuda en nada al mantenimiento de la unidad nacional.
Pensamos que la constitución de una nueva república española es una exigencia vital para el destino de nuestra patria, en contra de la defensa del actual marco constitucional por parte del PP, y en clara oposición al proyecto separatista auspiciado desde el PSOE, de una confederación de clanes tribales creados a partir de una historia ficticia, que comenzó a suplantar a la verdadera con el traspaso de las competencias en educación a las comunidades autónomas.
Las últimas declaraciones, en muchas ocasiones “accidentales”, de Juan Carlos I, deberían dejarles claro a los muchos españoles que se aferran a la confianza de que la Corona contendrá el avance separatista, ejerciendo el papel de símbolo y unidad de España que le atribuye la vigente Constitución, ya no es creíble.
A estos españoles les pedimos que recuerden la inhibición de su majestad ante la violación de la jornada de reflexión presten atención a la frialdad con la que el Jefe del Estado asiste a los discursos en los que Zapatero declara que el concepto de nación española es discutible, a la vez que pacta con los asesinos de ETA y cede a sus chantajes y pretensiones – ETA vuelve a las instituciones como ANV -, mientras se elaboran estatutos de autonomía dirigidos a fracturar la unidad de España, a la persecución de la lengua española en Cataluña o Vascongadas, y a las políticas de traición como el abandono de los saharaui en manos de Marruecos o la condescendencia con Inglaterra sobre la soberanía de Gibraltar.
Defendemos la necesidad de una república social unitaria, dotada de instituciones que organicen a la Nación española como un todo indivisible - no nacionalista, sino universalista – y que articule España como una comunidad de ciudadanos de derecho iguales en los aspectos políticos, jurídicos y sociales, por encima de peculiaridades culturales que son las que hacen de España un país único en el mundo. Los mismos monárquicos dejarán de serlo cuando Leonor se case con un Sánchez y su hermanita con un Ramirez.
El colmo sería rendir pleitesía a la ilustre dinastía de los Pérez. La república que proponemos no se limita a la sustitución de un rey por un presidente, la república ("res pública": cosa pública) debe asentarse en una moral nacional asociada al convencimiento de la comunidad, en la justicia social entendida como afirmación de los intereses de la nación frente a todo interés individualista e insolidario, y como defensora de la igualdad ciudadana.
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